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Bloqueo a Cuba: entramado de agresividad genocida


Por Néstor Núñez AIN

Minimizar el bloqueo económico y comercial a Cuba es una tarea permanente del universo mediático imperial.

Se trata de presentarlo como una acción de bajo perfil, para disfrazar su carácter netamente genocida y belicoso, amén del innegable peso en pérdidas financieras y de recursos que significa para el país absurdamente agredido.

Porque el objetivo clave de ese sórdido plan de asfixia, expresado textualmente por no pocos de sus gestores, es rendir por hambre y carencias a los cubanos. En pocas palabras, golpear a una población entera para hacerla desistir de sus propósitos de independencia y autodeterminación.

“El bloqueo -escribió años atrás en la prensa local el ya desaparecido jurista cubano Julio Fernández Burté- es una práctica abiertamente injerencista, agresiva, guerrerista y criminal, y por tanto ajena a los principios y normas del derecho internacional”.

Y aseguraba que “en todos los casos en que históricamente se han producido bloqueos, se han aplicado dentro de un conjunto de acciones en virtual situación de guerra.”

Pero además, el cerco económico y comercial que sufre Cuba hace más de cinco décadas, no es una decisión solitaria, sin sustentos pretendidamente legales.

De hecho, para los Estados Unidos, se trata de todo un sistema agresivo “fundamentado” en no menos de 11 legajos, en su amplia mayoría aprobados por el Congreso y rubricados por los presidentes de turno.

Es decir, que los cubanos enfrentan todo un aparato de disposiciones oficiales enfilado especialmente contra sus derechos y su existencia como nación independiente, medidas todas con un carácter hostil en extremo.

De hecho, integran este verdadero Frankestein, entre otras, la titulada Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917; la Ley de Asistencia Exterior, de 1961; la Ley de Prerrogativas Económicas ante Situaciones de Emergencia Internacional, de 1977; y la Ley sobre Seguridad Alimentaria, de 1985.

Se añaden a la lista las leyes de Transmisiones Radiales y Televisivas a Cuba, de 1983 y 1990 respectivamente; la Ley de Ejecución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1993; y por supuesto, las tituladas leyes Helms-Burton y Torricelly, sin olvidar la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva, de 1996.

En  todas ellas, si no están enfiladas por entero al “caso cubano”, al menos aparecen cláusulas dirigidas contra nuestro país y contra sus actividades económicas y financieras, a lo que se suman los intentos de frenar los intercambios de la Isla con terceros países.

De manera que esa es la realidad del bloqueo y no otra. Un entramado, una maraña de agresividad volcada en una absurda “jurisprudencia” que ha dejado y sigue dejando su huella de limitaciones, penurias y restricciones en varias generaciones de cubanos.  

04/10/2012 15:27. Lucilo Tejera Díaz sin tema

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