Cerca de siete mil familias reciben asistencia social en Camagüey

Andy Hernández Nieves, Agencia Cubana de Noticias (ACN)

 

Camagüey, 8 dic (ACN) Cerca de siete mil familias en la provincia de Camagüey reciben ayuda económica como parte del programa de asistencia social implementado por el Estado cubano, con el objetivo de proteger a aquellas personas incapacitadas para trabajar o de escasos recursos.

   Rosa Sabatela, de 81 años de edad, vive sola, y desde hace más de cinco años se acoge al Servicio de Asistencia a la Familia (SAF), mediante el cual se le garantiza el almuerzo y la comida en uno de los comedores integrales de esta ciudad.

   En los planes de ayuda se incluyen también más de 300 madres con hijos que demandan cuidados especiales, por lo que se les asignó un salario que acumula incluso años de labor para su futura pensión como jubiladas.

   Según Martha Adán, directora de Trabajo y Seguridad Social en la provincia, se brindan otros servicios gratuitos como asistencia a domicilio para personas encamadas y adultos mayores con movilidad restringida que carecen del amparo familiar, y se paga la estancia de niños en círculos infantiles en casos necesarios.

    Para conocer las personas que precisan de ayuda por el gobierno, el territorio cuenta con más 500 trabajadores sociales, los cuales realizan una caracterización familiar desde las comunidades en los consejos populares, labor requerida de una actualización constante.

    Yanet Telles, trabajadora social del Consejo Popular Modelo- Imán, emplazado en áreas periféricas de esta ciudad, atiende alrededor de 150 familias, entre las cuales detectó 20 casos que requieren apoyo y en estos momentos, comentó, se les gestiona la entrega de un módulo de avituallamiento y utensilios para el hogar.

   La Asistencia Social es un derecho reconocido por la Constitución de la República Socialista de Cuba en la Ley de Seguridad Social, mediante la cual se protege, entre otros ciudadanos, especialmente a los ancianos y a todas aquellas personas incapacitadas para trabajar.

   Esta ley demuestra el interés del Estado cubano en proteger, aún en medio de dificultades financieras de la economía, a las personas más vulnerables.