Por: Carlos Alzugaray Treto (Tomado de oncubamagazine.com)
Muchos estudiosos del conflicto entre Cuba y Estados Unidos han sido del criterio que un deshielo en las relaciones entre ambos vecinos solo puede ser posible en el segundo mandato de cualquier presidente de la nación norteña. En el reciente libro de Peter Kornbluh y William LeoGrande sobre la historia oculta de las negociaciones entre La Habana y Washington, se cita al propio Fidel Castro diciéndolo así a un grupo de embajadores estadounidenses retirados en 1994, segundo año de Bill Clinton en la Casa Blanca2. Por esas mismas fechas el Partido Republicano obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones parciales, como ha sucedido en los comicios del pasado 4 de noviembre.
Se podría añadir que un proceso de deshielo como tal ha sido siempre más probable con un presidente demócrata que con uno republicano. Desde que triunfó la Revolución Cubana, sólo 4 presidentes han sido reelectos: los republicanos Richard Nixon, Ronald Reagan, y George W. Bush, y el demócrata Bill Clinton. Ninguno de los tres primeros hizo el más mínimo esfuerzo por mejorar o normalizar las relaciones con Cuba en sus segundos mandatos. Clinton, quién expresó su desacuerdo con el bloqueo en privado, tuvo un récord ambiguo, en gran medida motivado por circunstancias de su propia hechura. Entre sus gestos positivos hacia la Isla se puede apuntar que firmó los acuerdos migratorios con el gobierno cubano en 1994-1995, promovió la cooperación en el enfrentamiento al contrabando de narcóticos, devolvió el niño Elián González a su padre en el 2000 y a finales de su presidencia aprobó la más amplia flexibilización de los viajes de norteamericanos a Cuba desde James Carter.
La vinculación entre los procesos electorales y la evolución de la política estadounidense hacia Cuba es un hecho que ha sido más que analizado por distintos especialistas. No se trata, como muchos creen, de que el tema sea exclusivamente doméstico o que el lobby o el electorado cubanoamericano sean los que determinan la política hacia Cuba. Ésta fue creada y puesta en práctica por los sectores de poder estadounidenses en la década de 1960 cuando la Florida no tenía la importancia electoral que tiene hoy y los cubanoamericanos eran meros instrumentos de las instituciones que se ocupaban del tema de Cuba: la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono fundamentalmente.
Lo que sucede es que Washington no es un actor racional único y la política exterior en general y en casos particulares son el resultado de las correlaciones de fuerza que existen al interior de la clase dominante y de la élite del poder, de sus presupuestos políticos, de sus preferencias ideológicas y de sus percepciones acerca de sus intereses y cómo materializarlos. Dada la estructura y la dinámica del sistema político estadounidense, los procesos electorales se convierten en los escenarios de lucha entre los distintos sectores para pautar la agenda y elaborar políticas. No se puede perder de vista tampoco que, salvo situaciones excepcionales como la inmediata posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, desde la década de 1960, la clase política de Washington está dividida y polarizada sin que emerja una facción que pueda imponerle al resto su voluntad.
De ahí que a pesar del reconocimiento tácito mayoritario de que la política hacia Cuba ha fracasado y debe cambiarse, ésta sigue tal cual e, incluso, se ha convertido en la posición oficial del Estado norteño mediante las Enmiendas Torricelli y Helms-Burton adoptadas por el Congreso en 1992 y 1996, cercenando de esa manera la facultad del Presidente en la materia. Vale recordar que ambos años fueron años electorales.
La esencia del conflicto reside en la contradicción entre la voluntad soberana de la nación cubana de conducir sus asuntos sin ingerencia externas, que tanto perjuicio tuvieron en el pasado, y la obstinación hegemónica sobre la Isla que aún prevalece al interior de la clase dominante pero que tuvo sus orígenes en la “doctrina de la fruta madura”, elaborada por John Quincy Adams en 1823. Esto es lo que el Profesor Lou Pérez ha llamado un “síndrome obsesivo compulsivo”.
En el largo plazo, el Estado norteamericano tendrá que renunciar en algún momento a este “síndrome de la fruta madura” e iniciar con el cubano un proceso que lleve a relaciones más civilizadas de interés para ambas naciones. Esta responsabilidad política depende en un final del propio Primer Mandatario estadounidense. Si alguien está en condiciones de hacerlo ese es el Presidente Barack Obama, quien en el pasado ha dado muestras de entender la necesidad del cambio. En el 2004, cuando aún era Senador, se manifestó en contra del llamado “embargo”; durante la campaña electoral del 2008 afirmó que estaría dispuesto a sentarse y conversar con cualquier adversario, incluyendo al presidente cubano; en el 2009 en la Cumbre de las Américas de Trinidad Tobago abogó por “un nuevo comienzo”; y en el 2013 se pronunció por la “actualización” inteligente y creativa de la política hacia Cuba, nada más y nada menos que en la propia ciudad de Miami, al tiempo que hacía algo que ningún otro primer mandatario había hecho hasta el momento, darle la mano al Presidente Raúl Castro durante las exequias de Nelson Mandela.
Vale señalar que el actual mandatario fue electo en el 2008 y reelecto en el 2012, ganando en ambos casos el estado de la Florida, aún cuando mantuvo una posición hacia Cuba considerablemente menos agresiva que las de sus contrincantes, John McCain y Mitt Romney. Ello permite afirmar que echó por tierra un mito de la política interna norteamericana: para ganar una elección presidencial hay que adoptar la posición mas dura posible en el tema cubano para así asegurar la victoria en el estado de la Florida. Este mito se hizo tristemente célebre en el 2000, cuando los cubanoamericanos fueron decisivos en la dudosa derrota de Al Gore por 517 votos en ese estado, lo cual le dio a George W. Bush la “victoria” en la más controversial elección de la historia moderna de ese país.
Sin embargo, como en tantos otros temas, el Presidente Obama ha decepcionado por su paradójica tendencia a pronunciar grandilocuentes discursos en los que se presenta como el líder transformador por el cual muchos norteamericanos votaron en el 2008 y en el 2012, y que el mundo aplaudió, para después mostrar debilidades a la hora de implementar políticas que se correspondan con sus grandiosas metas.
Bajo la administración Obama, el Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un dificultoso y paulatino proceso de rediseño de la política hacia Cuba que comenzó cuando se revirtieron las medidas punitivas que George W. Bush impuso en el 2003 a aquellos cubanoamericanos interesados en mantener una relación normal con su Patria y descontinuó, de hecho, dos grotescas iniciativas implantadas por su predecesor que obedecían a las apetencias de los sectores más retrógrados de la clase dominante y de la derecha cubanoamericana: la creación, dentro del Departamento de Estado de una Comisión para una Cuba Libre y del cargo de Coordinador de la Transición Cubana. Obama ha reducido el nivel de la retórica anticubana. Adicionalmente, adoptó una política de flexibilización de los contactos “pueblo a pueblo”, si bien las justificó como instrumentos para lograr el mismo viejo propósito: un cambio de régimen en Cuba. Finalmente, ha reanudado las conversaciones migratorias y ha iniciado negociaciones sobre problemas técnicos como el restablecimiento del servicio postal regular entre ambos países.
De hecho, bajo Obama la política sigue siendo virtualmente la misma en sus propósitos e instrumentos. Se destacan, entre otros, la continuación de las sanciones económicas, comerciales y financieras unilaterales e ilegales que Cuba y las Naciones Unidas califican de bloqueo y Estados Unidos de embargo; el mantenimiento de la Isla en la lista de estados promotores del terrorismo, lo que trae por consecuencia que se apliquen sanciones adicionales, sumamente perjudiciales; los inefectivos y patéticos esfuerzos por aislar a la Habana diplomáticamente; las políticas subversivas canalizadas a través de la USAID; y una retórica oficial que descalifica la legitimidad del gobierno cubano, a contrapelo de la opinión unánime de la comunidad internacional.
La posición de Cuba ante el tema ha quedado claramente expuesta por el Presidente Raúl Castro a finales del año pasado:
“Si en los últimos tiempos hemos sido capaces de sostener algunos intercambios sobre temas de beneficio mutuo entre Cuba y los Estados Unidos, consideramos que podemos resolver otros asuntos de interés y establecer una relación civilizada entre ambos países como desea nuestro pueblo y la amplia mayoría de los ciudadanos estadounidenses y la emigración cubana.
“En lo que a nosotros respecta, hemos expresado en múltiples ocasiones la disposición para sostener con Estados Unidos un diálogo respetuoso, en igualdad y sin comprometer la independencia, soberanía y autodeterminación de la nación. No reclamamos a Estados Unidos que cambie su sistema político y social ni aceptamos negociar el nuestro. Si realmente deseamos avanzar en las relaciones bilaterales, tendremos que aprender a respetar mutuamente nuestras diferencias y acostumbrarnos a convivir pacíficamente con ellas. Solo así; de lo contrario, estamos dispuestos a soportar otros 55 años en la misma situación.”2
Si nos guiásemos por una serie de manifestaciones públicas recientes del propio Presidente, del Secretario de Estado John Kerry y de la Embajadora en Naciones Unidas, Samantha Power, sobre todo las de estos últimos en relación con la cooperación cubano-norteamericana en la lucha por erradicar el ébola en África Occidental, nos podríamos encontrar ante los umbrales de lo que pudiera eventualmente convertirse en un proceso hacia la normalización de relaciones. Pero no deben minimizarse los grandes obstáculos en el camino, entre los que habría que apuntar la necesidad de un cambio de mentalidad y de propósitos con respecto a Cuba como ha sugerido The New York Times en una serie de 6 editoriales que se han publicado hasta el día de hoy a partir de fines de octubre. Estos editoriales demuestran hasta qué punto ha crecido al interior de la clase dominante y de la elite del poder una visión distinta sobre las relaciones con Cuba que permiten abrigar la esperanza de que podríamos estar en vísperas del fin del “síndrome de la fruta madura”.
Los editoriales de The New York Times y la abierta cooperación cubano-norteamericana en la lucha por contrarrestar la epidemia de ébola en África no son los únicos síntomas de que puede haber comenzado el deshielo. Hay otros elementos y variables a considerar.
Uno de ellos es la evolución más reciente del sistema internacional. Por un lado, Estados Unidos no está viviendo uno de sus mejores momentos. Sigue siendo la primera potencia mundial pero su influencia está disminuida. Han surgido importantes competidores en varios campos como China y Rusia, y algunos aliados muestran crecientes síntomas de autonomía. Barack Obama necesita éxitos en su política exterior que contrapesen la imagen internacional de Washington, como lo hizo recientemente en China con la firma de un acuerdo sobre el cambio climático. Ese precisamente es el argumento inicial del primer editorial de The New York Times del 12 de octubre pasado. Si se tiene en cuenta que hay la creciente convicción de que será inevitable la presencia del presidente cubano en la Cumbre de las Américas de Panamá en abril del 2015, quizás el Presidente y sus asesores lleguen a la conclusión de que es mejor hacer de la necesidad una virtud y no limitarse a saludar a Raúl Castro, como lo hizo el año pasado en Johannesburgo, sino a dar algún paso más, sobre todo porque los medios se encargarán de darle a este encuentro una gran visibilidad. En todo caso, sentarse en la misma mesa de negociaciones con Cuba rompería un presupuesto básico de la política norteamericana, la supuesta ilegitimidad del gobierno de la Habana.
Desde el punto de vista interno, las elecciones parciales del 4 de noviembre, con todo y lo perjudiciales que fueron para el Presidente y su partido, no cambiaron mucho el panorama de los distintos sectores que tienen interés en la política hacia Cuba. Los partidarios de mantener la política actual no obtuvieron ningún éxito relevante. Sustituir a Joe García, el congresista demócrata cubanoamericano, por el republicano Carlos Curbelo no fue resultado de que aquél tuviera una posición muy distinta a la de su predecesor, David Rivera, en el tema. Más bien pudiera argumentarse lo contrario, lo perjudicó no saber distanciarse de ellas. Sin embargo, Charlie Crist, quien sí se manifestó claramente contra las sanciones económicas, a pesar de que perdió la elección frente a Rick Scott, tuvo un resultado electoral mucho más decoroso y ganó condados como el de Miami-Dade, donde existe un alto porcentaje de votos cubanos. Otro elemento importante de este ciclo electoral es que la probable candidata a la Presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, quien hizo campaña a favor de sus correligionarios, también se manifestó abiertamente por un cambio en la política hacia Cuba.
Finalmente, la pérdida del control del Senado por los demócratas significa que su Comité de Relaciones Exteriores no estará ya encabezado por el cubanoamericano Bob Menéndez, quién desde su influyente posición tuvo una actitud obstruccionista a las pocas iniciativas de cambio del Primer Mandatario. Su posible sustituto, el Senador republicano por Tennessee, Bob Corker, no tiene el celo ideológico de Menéndez y se inscribe en el sector moderado de su partido. Ciertamente podría ser más fácil para la Administración trabajar con Corker en temas cubanos que con Menéndez. Esto no quiere decir que Menéndez, junto a Marco Rubio y John McCain, por ejemplo, dejarán de criticar cualquier cambio. Pero los funcionarios del Departamento del Estado involucrados en una posible mejoría de las relaciones con Cuba podrán respirar con más calma ante la posibilidad de una batalla por su nominación a algún cargo de responsabilidad.
La larga agenda de problemas pendientes en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos puede dividirse en dos grandes categorías: los que está en manos del presidente resolver sin la participación del congreso y tienen un carácter inmediato porque su persistencia los convierte en obstáculos significativos; y los que conllevarían un proceso más o menos largo de negociación a dos niveles, al interior de la clase política norteamericana y entre el gobierno cubano y el estadounidense, verbigracia, el levantamiento de las sanciones económicas y el establecimiento de relaciones diplomáticas normales. Sería muy difícil para el Presidente Obama acometer esta última agenda en el poco tiempo que le queda, aunque los editoriales de The New York Times y las propias declaraciones públicas de Hillary Clinton las han puesto sobre la mesa.
Quizás la administración se sienta en condiciones de acometer la agenda más inmediata que consistirían en: la asistencia y encuentro de ambos presidentes en la Cumbre de las Américas de Panamá, asunto que parece ya resuelto; la eliminación de Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo; la continúa flexibilización de los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba; y la liberación mutua por motivos humanitarios de Alan Gross y los 3 agentes anti terroristas cubanos condenados a injustas penas de larga duración en los Estados Unidos, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero.
La presencia de Raúl Castro en Panamá no se limitaría sólo a una participación simbólica. De hecho, ello significaría la entrada de Cuba, por primera vez, en un proceso diplomático en el que se debaten y negocian intereses comunes con Estados Unidos en áreas en las cuales ya ambos países colaboran bilateralmente, como es el de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, pero también en áreas en que aún no lo hacen. La diplomacia cubana, de cuya solvencia caben pocas dudas, se haría presente en un futuro en los procesos preparatorios de las futuras cumbres, con todo lo que ello significa. Recuérdese que La Habana puso como condición que su participación fuera en pie de igualdad y sin condicionamientos. Ello implica derechos pero también responsabilidades con el futuro de este proyecto.
La anulación de la clasificación de Cuba como estado promotor del terrorismo es probablemente la más viable y conveniente medida que puede adoptar el Presidente antes de la Cumbre pues no cabría duda de que sería un gesto de justicia hacia la Habana y traería por consecuencia la eliminación de ciertas sanciones que han sido muy perjudiciales incluso para el funcionamiento de las relaciones bilaterales. Al igual que el presidente actuó unas semanas antes de la Cumbre del 2009 en Trinidad Tobago adoptando las medidas anunciadas hacia Cuba, no sería descartable un paso similar antes de la de Panamá, lo que no sería sólo un gesto hacia el gobierno de la Habana sino hacia los gobiernos de la región, incluido Canadá. Tendría la virtud de que otros Presidentes no se vieran obligados a tocar el tema, entre ellos el de Colombia, quien ya ha expresado su desacuerdo con esa medida.
La flexibilización de los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba ha sido una de las medidas más importantes que la administración Obama ha tomado. Tiene la virtud de que puede ser defendida en términos de que se trata de un derecho constitucional. Aunque el Presidente y sus asesores han insistido en que su propósito es el de “fomentar la democracia y la autonomía ciudadana” en Cuba, lo cierto es que contribuye a socavar la demonización de que siempre ha sido objeto la Isla y su gobierno. Es previsible que esa flexibilización continuará, a pesar de que seguirá siendo objeto de la crítica de sus adversarios.
Finalmente, en lo que a la agenda a corto plazo respecta, ambas partes podrían negociar una medida humanitaria de confianza mutua para quitar de la mesa dos casos de ciudadanos de sus respectivos países que fueron detenidos, juzgados y condenados en el otro por actividades consideradas ilegales en sus respectivas legislaciones. Ambos son casos sumamente sensibles para ambas sociedades pero entorpecen avanzar en otros temas de la agenda. Conviene al interés de ambos gobiernos darle una pronta solución a los mismos en un espíritu humanitario.
Aunque una vez más podríamos estar ante un falso comienzo de un proceso de normalización, un síntoma de que esta vez el gobierno de los Estados Unidos está realmente interesado en iniciar el deshielo de las relaciones puede ser la reciente designación de un experimentado diplomático, conocedor de Cuba, para encabezar su representación en la Habana, el Embajador Jeff Delaurentis. Una de las lecciones que LeoGrande y Kornbluh derivan de su exhaustivo estudio de las negociaciones secretas entre La Habana y Washington es la importancia de no equivocarse en las percepciones mutuas. El Canciller de la Dignidad, Raúl Roa García, definió alguna vez que entre las características de un buen diplomático está el “diestro manejo de la táctica, el tacto y el contacto”. Por lo general, el gobierno cubano ha puesto a cargo de las negociaciones con Estados Unidos a sus mejores diplomáticos, personas con un gran conocimiento de nuestro vecino del Norte. Ese no siempre ha sido el caso con Estados Unidos, que en ocasiones hasta ha enviado a Cuba como Jefe de la Sección de Intereses a personas únicamente interesadas en provocar un rompimiento de las escasas relaciones existentes, como fue el caso del tristemente célebre James Cason.
Esta tendencia parece haberse revertido con Delaurentis, quien ya ha estado en Cuba en misión permanente en dos ocasiones anteriores, a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 y más recientemente a principios de siglo. A esa experiencia cubana in situ, suma el haber trabajado el tema cubano desde el Consejo de Seguridad Nacional en Washington a mediados de la década de 1990. En tal condición, participó en algunas negociaciones muy sensitivas narradas por LeoGrande y Kornbluh, las referidas al mensaje que el Presidente Fidel Castro envió al Presidente Bill Clinton a través de Gabriel García Márquez en mayo de 1998, proponiéndole una colaboración en el terreno de la lucha anti-terrorista. El último cargo de Delaurentis antes de venir a la Habana fue el de Delegado Alterno de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, cargo en el cual actuó bajo la supervisión de las Embajadoras Susan Rice (actual Asesora Nacional de Seguridad del Presidente Obama) y Samantha Power (una de las personas más influyentes en el manejo de la política exterior norteamericana).
La existencia de un proceso de deshielo, aún incipiente, en las relaciones cubano-estadounidenses representa un importante desafío para Cuba, para su gobierno y para sus ciudadanos. Resulta de capital importancia no dar señales equivocadas. La política de Estados Unidos hacia Cuba ha partido por lo general de cuál es la percepción que existe en la clase dirigente, la elite del poder y sus instituciones acerca de Cuba y la capacidad de supervivencia de su gobierno. Esta percepción no es unívoca. Siempre ha sido objeto de importantes debates. Si se ha llegado hasta este punto es porque la diplomacia cubana no ha dejado de enviar dos señales inequívocas. Por un lado la disposición de reconstruir el puente roto y de rediseñar la relaciones sobre bases de respeto mutuo. Por otro, demostrar en las palabras y los hechos la disposición a resistir. Pero también se debe tener en cuenta lo dicho por Raúl Castro en última sesión del año pasado de la Asamblea Nacional cuando afirmó: “Si realmente deseamos avanzar en las relaciones bilaterales, tendremos que aprender a respetar mutuamente nuestras diferencias y acostumbrarnos a convivir pacíficamente con ellas.”
